Impacto proyectoJEFFERSON CITY, Mo. (AP) — El gran proyecto de ley del presidente Donald Trump para recortar los impuestos y reducir el gasto federal en algunos programas de red de seguridad social podría tener grandes implicaciones para los estados, pero para muchos es demasiado tarde para hacer mucho al respecto este año.
El martes comienza un nuevo año presupuestario en 46 estados. Si bien algunas legislaturas siguen trabajando, la mayoría ya ha suspendido sus sesiones y finalizado sus planes de gasto sin saber si se recortarán los fondos federales y, de ser así, en qué medida.
“El flujo y reflujo de rumores y la realidad han creado gran incertidumbre y cierta ansiedad en los gobiernos estatales”, dijo David Adkins, director ejecutivo del Consejo de Gobiernos Estatales.
Varios estados han tomado medidas preventivas, reservando fondos o encargando a comités la supervisión del impacto de las reducciones de fondos federales. Otros planean retomar sus sesiones extraordinarias este año para considerar posibles recortes de fondos a programas conjuntos federales-estatales como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Otros tendrán que esperar hasta que sus legislaturas vuelvan a sesionar el próximo año.
¿Qué está en juego para los estados?
"Si hay recortes significativos, los estados no podrán absorberlos completamente", dijo Brian Sigritz, director de estudios fiscales estatales en la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatal.
A nivel nacional, el programa de atención médica Medicaid para residentes de bajos ingresos representa el 30% del gasto estatal total, según la organización de investigación de políticas sanitarias KFF. Esto lo convierte en el programa más costoso en muchos estados, incluso por encima de la educación primaria y secundaria. La mayor parte del dinero de Medicaid proviene del gobierno federal, lo que significa que cualquier cambio en la política federal puede tener un gran impacto en los estados.
La legislación pendiente en el Congreso afectaría a Medicaid de diversas maneras. Se prevé que los nuevos requisitos laborales reduzcan la afiliación de millones de personas, mientras que otros cambios propuestos también podrían reducir los pagos federales a los estados.
Hasta ahora, el gobierno federal también ha cubierto el costo total de los beneficios del SNAP y la mitad de los costos administrativos. El proyecto de ley de Trump trasladaría una mayor parte de esos costos a los estados, lo que les permitiría desviar fondos de otros fines o recortar sus programas de asistencia alimentaria.
Los cambios a Medicaid y SNAP son sólo los últimos de una serie de políticas de Trump que afectan las finanzas estatales, incluyendo la reducción de subvenciones para proyectos de transporte e Internet de alta velocidad y los intentos de retener fondos federales de las jurisdicciones santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Algunas legislaturas están acumulando ahorros
Un aumento repentino de la ayuda federal y de los ingresos fiscales estatales durante la pandemia del coronavirus generó presupuestos florecientes y superávits de efectivo históricos en muchos estados. A medida que los ingresos disminuyen y se gastan esos superávits, algunos estados intentan protegerse contra las reducciones de la financiación federal.
Nuevo México promulgó una ley este año que crea un fondo fiduciario de Medicaid que se llenará gradualmente con hasta 2 mil millones de dólares y que puede utilizarse para apuntalar el programa si los recortes de fondos federales causaran una reducción en la cobertura o los beneficios.
Al elaborar el presupuesto estatal, los legisladores hawaianos reservaron $200 millones adicionales en el fondo general como contingencia ante la incertidumbre sobre la financiación federal. Planean regresar para una sesión extraordinaria.
El presupuesto de Vermont reserva hasta $110 millones en caso de recortes en la financiación federal. Esto incluye $50 millones que pueden gastarse durante el receso legislativo y hasta $60 millones que podrían asignarse en el futuro para abordar la escasez de fondos federales.
Aunque no está necesariamente vinculada a recortes federales, los legisladores de Florida aprobaron una enmienda constitucional que reservaría $750 millones anuales —o una cantidad equivalente a hasta el 25% de los ingresos generales del estado, lo que sea menor— en un fondo de reserva que los legisladores podrían usar para emergencias. Esta medida aún debe ser votada.
Algunos gobernadores están recortando el gasto
Debido a los plazos legislativos, algunos legisladores estatales tuvieron que elaborar los presupuestos mucho antes de que se concretaran los detalles del proyecto de ley de Trump.
Los legisladores de Virginia aprobaron en febrero un presupuesto para su año fiscal, que comienza el martes. El gobernador republicano Glenn Youngkin anunció en mayo varias docenas de vetos a partidas presupuestarias con el objetivo de crear un colchón financiero de aproximadamente 900 millones de dólares.
“Existen algunos riesgos a corto plazo a medida que el presidente Trump reajusta tanto el gasto fiscal en Washington como las políticas comerciales que requieren que seamos prudentes y no gastemos todo el superávit proyectado antes de depositarlo”, dijo Youngkin en un comunicado.
Otros estados también han dejado dinero sin gastar, aunque no siempre se ha promocionado como un amortiguador contra los recortes federales.
“Los estados están promulgando presupuestos realmente cautelosos, sabiendo que podrían tener que revisarlos en sesiones especiales o abordar cambios en las sesiones del próximo año”, dijo Erica MacKellar, directora del programa de asuntos fiscales de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Algunos están adoptando una actitud de esperar y ver
Antes de levantar sus sesiones, algunas legislaturas estatales establecieron procedimientos para monitorear los recortes de fondos federales y recomendar cambios presupuestarios.
El presupuesto de Montana incluye $50,000 para un análisis de las implicaciones financieras de las acciones federales, pero ese gasto se activa solo en caso de cancelación de al menos $50 millones de fondos federales previamente aprobados o de la pérdida anticipada de al menos $100 millones de ingresos futuros.
Si la financiación federal a Maryland disminuye en al menos mil millones de dólares, una disposición aprobada por los legisladores requiere que la oficina de presupuesto del estado presente un informe a la Asamblea General con acciones propuestas y posibles reducciones de gastos.
El plan de gastos aprobado por los legisladores de Connecticut también requiere que la oficina de presupuesto del estado responda rápidamente a las reducciones federales identificando fondos estatales que podrían usarse para preservar programas, particularmente aquellos que brindan atención médica, asistencia alimentaria, educación y otras prioridades.
Los legisladores de Dakota del Norte dejaron margen para más trabajo. Aplazaron su sesión bienal seis días antes de cumplirse el límite de 80 días, lo que les dio tiempo para volver a reunirse si fuera necesario.
David A. Lieb cubre temas y tendencias en los gobiernos estatales de todo Estados Unidos. Ha informado sobre gobierno y política para The Associated Press durante 30 años.
(Foto AP/J. Scott Applewhite)
Hombre incendiiaBOISE, Idaho (AP) — Un hombre armado con un rifle inició un incendio forestal y luego comenzó a disparar contra los socorristas en una comunidad montañosa del norte de Idaho, matando a dos bomberos e hiriendo a un tercero durante una ráfaga de disparos que duró varias horas, dijeron las autoridades.
La orden de refugio en el lugar se levantó el domingo por la noche después de que un equipo de respuesta táctica usó datos de teléfonos celulares para "localizar" un área boscosa donde encontraron el cuerpo del sospechoso con un arma de fuego cerca mientras las llamas se acercaban rápidamente, dijo el sheriff del condado de Kootenai, Bob Norris.
Los investigadores dijeron que actuó solo.
El sospechoso ha sido identificado como Wess Roley, según informó un agente del orden público a The Associated Press el lunes. El agente habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar sobre la investigación.
“Creemos que el sospechoso inició el incendio y que fue una emboscada intencional”, declaró Norris en una conferencia de prensa el domingo por la noche. “Estos bomberos no tuvieron ninguna oportunidad”.
Los funcionarios del sheriff dijeron que los equipos respondieron a un incendio en Canfield Mountain, al norte de Coeur d'Alene, alrededor de la 1:30 p. m. del domingo, y se informaron disparos aproximadamente media hora después.
Tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Kootenai, según informó la portavoz del hospital, Kim Anderson. Dos de ellas fallecieron al llegar y la tercera estaba recibiendo tratamiento por lesiones, añadió Anderson. El bombero herido luchaba por su vida tras la cirugía y se encontraba estable, añadió Norris.
 escena era un completo pandemonio mientras el incendio ardía y los bomberos acudieron al lugar solo para encontrarse con un intenso fuego.
Los equipos de respuesta a emergencias hicieron pedidos de ayuda urgentes por sus radios: “Todos han recibido disparos aquí... envíen a las fuerzas del orden ahora”, según un despacho.
El gobernador de Idaho, Brad Little, dijo que “varios” bomberos fueron atacados.
“Este es un ataque directo y atroz contra nuestros valientes bomberos”, dijo Little en X. “Pido a todos los habitantes de Idaho que oren por ellos y sus familias mientras esperamos saber más”.
Norris dijo que parecía que el francotirador se escondía en el terreno accidentado y usaba un rifle de alta potencia. Dijo que ordenó a los agentes que respondieran al fuego.
Una alerta de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Kootenai pidió a las personas que evitaran el área alrededor de Canfield Mountain Trailhead y Nettleton Gulch Road, aproximadamente a 4 millas (6,5 kilómetros) al norte del centro de Coeur d'Alene.
Aunque se levantó la orden de confinamiento, la oficina del sheriff advirtió a los residentes que estuvieran preparados, ya que el incendio seguía activo. El estado del incendio se desconocía de inmediato el lunes por la mañana.
El FBI respondió a la escena con equipos técnicos y apoyo táctico, dijo el subdirector Dan Bongino.
El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes de Idaho declaró: «Estamos horrorizados por el asesinato de dos bomberos en Coeur d'Alene y conmocionados por un ataque tan brutal contra nuestros socorristas. Oramos por ellos, los heridos, sus familias y sus colegas».
Coeur d'Alene es una ciudad de 55,000 habitantes cerca de la frontera con Washington. La montaña Canfield es una popular zona de senderismo y ciclismo en las afueras de la ciudad, cubierta de árboles y matorrales densos, y surcada por senderos que conducen a un bosque nacional.
Los incendios siempre son una gran preocupación para la región, dijo Bruce Deming, cuya propiedad colinda con el sistema de senderos. Cuando vio humo en la cresta el domingo por la tarde, se preguntó por qué no acudían helicópteros de extinción de incendios.
Cuando un amigo le envió un mensaje de texto para contarle sobre el tiroteo, se dio cuenta de por qué no veía los aviones: "Porque les preocupa que les disparen", dijo.
Mientras los agentes instalaban puestos cerca, Deming les señaló un sendero que comienza cerca de su puerta trasera y conduce directamente al lugar del incendio.
"Simplemente no quiero tener que despertarme en mitad de la noche para darme cuenta de que hay alguien rondando por mi casa", dijo.
Weber reportó desde Los Ángeles. Los periodistas de Associated Press Alanna Durkin Richer en Washington; Mead Gruver en Cheyenne, Wyoming; y Josh Funk en Omaha, Nebraska; contribuyeron a este reportaje.
Rebecca Boone es corresponsal y cubre noticias de última hora, tribunales, cuestiones de rendición de cuentas y más para The Associated Press. Reside en Boise, Idaho.
Por  REBECCA BOONE y CHRISTOPHER WEBER
(Bill Buley/Coeur D'Alene Press vía AP)
Solicitudes indultoASHLAND, Kentucky (AP) — Mientras tecleaba en una máquina de escribir en la prisión, Chad Scott parecía muy distinto del presidente Donald Trump .
Pero cuando el agente de narcóticos caído en desgracia escribió a la Casa Blanca pidiendo clemencia por su condena por corrupción, Scott intentó llamar la atención de Trump sobre lo que tienen en común.
Ambos hombres habían sobrevivido a una herida de bala en la oreja, escribió Scott, y habían sido condenados por falsificación de registros. Además, ambos fueron víctimas de "persecución política", el tipo de frase que el exagente esperaba que resonara en un hombre que desde hace tiempo se queja de la caza de brujas.
Al ayudarlo, argumentó Scott, Trump estaría demostrando que tenía “el respaldo de las fuerzas del orden”.
"Chad Scott es un héroe en la guerra contra las drogas de este país", escribió su abogado en una petición de clemencia revisada por The Associated Press, y agregó que sería un "gran desperdicio de dinero de los contribuyentes" albergar y alimentar al ex agente de la DEA durante seis años más.
La solicitud de Scott no es nada excepcional, según presos, abogados defensores y funcionarios. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia han recibido una oleada de solicitudes similares, todas cuidadosamente elaboradas para captar la atención y la simpatía de Trump o de quienes conocen sus inclinaciones.
Según expertos legales, esta oleada de clemencia se ha visto desatada por las frecuentes y sorprendentes concesiones de clemencia de Trump desde que asumió el cargo en enero. El presidente republicano ha indultado y conmutado las sentencias de más de 1600 personas, entre ellas muchos aliados políticos, exfuncionarios republicanos y cientos de acusados ​​o condenados por los disturbios del Capitolio de 2021. Incluso indultó a dos estrellas de telerrealidad que cumplían condena por fraude bancario y evasión fiscal.
Al hacerlo, Trump ha ignorado en gran medida un proceso que históricamente ha sido supervisado por personal apolítico del Departamento de Justicia, que se pasaba el día examinando minuciosamente las solicitudes de clemencia: gruesos paquetes llenos de referencias personales que atestiguaban la expiación y las buenas obras de los solicitantes. Solo aquellos que cumplían criterios estrictos eran remitidos a la Casa Blanca.
Esos procedimientos parecen haber sido reemplazados por el capricho de un presidente conocido por su enfoque transaccional del gobierno, su lealtad hacia sus partidarios y su desdén por los enemigos percibidos.
Esto ha creado una situación desesperada para quienes buscan clemencia, dijo Liz Oyer, exabogada de indultos del Departamento de Justicia, quien fue despedida en marzo. "El proceso y las prácticas tradicionales", declaró a la AP, "parecen haber quedado en el olvido".
Los reclusos creen que Trump podría escucharlos
Esto ha dejado una oportunidad para presos como Eric Sánchez Chaparro, quien busca la conmutación de la pena por una condena por drogas y armas que conlleva una pena de 19 años de prisión. El optimismo, dijo, nunca ha sido tan grande para quienes están tras las rejas.
"En muchos sentidos, siento que comparte nuestra opinión", dijo Chaparro en una entrevista telefónica, señalando que tanto él como el presidente fueron condenados por delitos graves. Trump fue condenado el año pasado por el estado de Nueva York por falsificar registros comerciales relacionados con pagos a una estrella porno para silenciar a una actriz porno, pero no recibió ninguna pena.
“Aunque la gente intentó menospreciarlo”, añadió Chaparro, “él siguió luchando por su objetivo”.
El gobierno de Trump no reveló cuántas personas se han comunicado con Trump o con funcionarios de la Casa Blanca para solicitar clemencia, aunque algunos se han jactado de hacerlo de forma peculiar. La semana pasada, Joe Exotic, excuidador del zoológico conocido como el "Rey Tigre", publicó en redes sociales una canción que , según él, compuso para Trump, afirmando que estaba "pagando la pena por un crimen que no cometí". Cumple una condena de 21 años por el fallido asesinato a sueldo de un activista por el bienestar animal.
Ola de solicitudes de indulto llega al Departamento de Justicia
Desde que Trump retomó el cargo hace cinco meses, su Departamento de Justicia ha recibido más de 9.300 peticiones de conmutación de penas o indultos. A ese ritmo, la cifra superaría las aproximadamente 15.000 peticiones presentadas durante los cuatro años de la administración demócrata del presidente Joe Biden. El Departamento de Justicia recibió unas 12.000 peticiones durante el primer mandato de Trump.
El indulto es quizás el poder más libre de control del que goza un presidente, ya que sus acciones no pueden ser desviadas por los tribunales ni por otros funcionarios. Los presidentes pueden conmutar las sentencias (reduciendo o eliminando las condenas) o conceder un indulto que anule las condenas o los cargos penales.
Trump no es el primer presidente que genera controversia por su gestión de tales poderes. Biden provocó indignación bipartidista en diciembre al indultar a su hijo Hunter, evitándole una posible pena de prisión por delitos relacionados con armas y delitos fiscales. Biden también fue duramente criticado, principalmente por los republicanos, por otorgar indultos preventivos para proteger a legisladores, exfuncionarios y familiares de lo que describió como una administración Trump potencialmente vengativa.
El manejo de los indultos por parte de Trump no tiene precedentes, dicen los expertos
Aun así, dicen los expertos en derecho, la estrategia de Trump respecto de la clemencia ha entrado en un territorio sin precedentes.
El presidente, por ejemplo, designó a Ed Martin Jr. , un influyente partidario político, como abogado de indultos del Departamento de Justicia. Martin es un exabogado defensor que representó a los manifestantes del 6 de enero y promovió acusaciones falsas de que los demócratas habían manipulado las elecciones de 2020. Trump le otorgó el cargo a Martin tras retirar su nominación como fiscal federal para el Distrito de Columbia ante la preocupación bipartidista por su política divisiva. Martin no respondió a las solicitudes de comentarios.
Gran parte de la clemencia de Trump se ha dirigido a aliados políticos , donantes de campaña y estafadores que afirmaron ser víctimas de un Departamento de Justicia "armado". Entre los indultos que más han llamado la atención se encuentra el otorgado a un evasor fiscal cuya madre recaudó millones de dólares para causas republicanas.
Se indultó a un prolífico filántropo que donó 900.000 dólares al primer comité inaugural de Trump. Trump anuló la condena de Scott Jenkins, sheriff de Virginia y firme partidario de Trump, sentenciado a 10 años de prisión por delegar a varios empresarios a cambio de pagos en efectivo.
“Lo que estos indultos indican, junto con todo lo demás, es que ya no hay vuelta atrás”, afirmó Frank Bowman, historiador jurídico y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri, quien está escribiendo un libro sobre indultos. “Es un abuso grotesco de la autoridad constitucional, sin precedentes en la historia de Estados Unidos”.
Funcionarios de la administración afirman que Trump decide sobre las solicitudes de clemencia tras ser examinadas por la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca, el responsable de indultos de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. Los evaluadores se han centrado en delincuentes no violentos y rehabilitados con referencias convincentes, según los funcionarios. La Casa Blanca también está considerando las solicitudes de quienes cumplen condenas injustificadas y lo que la administración considera "procesamiento excesivo".
“El presidente Trump no necesita sermones de los demócratas sobre su uso de los indultos, especialmente de aquellos que apoyaron a un presidente que indultó a su hijo corrupto, protegió al Dr. Fauci de rendir cuentas por los millones de personas que sufrieron bajo su fallido liderazgo durante la pandemia y respaldó al infame juez que lucró con el encarcelamiento de menores”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, en un correo electrónico. “El presidente Trump está utilizando sus poderes de indulto y conmutación para corregir muchos errores, actuando de forma razonable y responsable, dentro de su autoridad constitucional”.
Los delincuentes dicen que tienen un parentesco con Trump, un compañero delincuente
Mientras tanto, el enfoque de Trump ha sembrado esperanza entre prisioneros con menos conexiones que hace tiempo agotaron sus apelaciones, dijeron media docena de prisioneros federales a la AP en entrevistas.
Un remedio que durante mucho tiempo se ha comparado con ganar la lotería parece más alcanzable en una administración que ha prescindido de muchos de los criterios tradicionales considerados para conceder clemencia, incluidos el remordimiento, la gravedad del delito y la cantidad de tiempo que el preso ya ha cumplido.
Jonathan E. Woods, uno de los primeros partidarios de Trump y ex senador estatal de Arkansas, está cumpliendo una condena de 18 años por soborno.
El exlegislador cree que tiene una posibilidad legítima de lograr una conmutación de la pena porque, según escribió a la AP, “el presidente Trump es visto como alguien de gran corazón, sin prejuicios y que ha pasado por un infierno en un sistema legal muy imperfecto”.
“Los reclusos lo ven como alguien que los escuchará con la esperanza de volver pronto a casa con sus seres queridos”, añadió Woods.
Woods, quien cumple condena en una prisión de Texas, también ha presentado acusaciones que espera que resuenen en el presidente: evidencia de mala conducta por parte de un agente del FBI que investigó al exsenador estatal. Dicho agente se declaró culpable de "destruir corruptamente" el disco duro de su gobierno en el caso de Woods.
Trump pasó años criticando al FBI, particularmente por la forma en que lo investigó sobre las acusaciones de interferencia rusa en la campaña de 2016 y su papel en los desafortunados procesamientos del Departamento de Justicia contra Trump en los disturbios del Capitolio y su retención de documentos clasificados en su resort de Florida.
El zar del indulto desempeña un papel clave
Los llamamientos menos políticos también han dado frutos, gracias a los asesores del presidente.
Quienes trabajaban para conseguir indultos para Eddie y Joe Sotelo no se dieron por vencidos tras el rechazo de Biden a su solicitud. En cambio, los defensores recurrieron a la ayuda de Alice Marie Johnson , a quien Trump designó recientemente como su zar de los indultos tras conmutar su sentencia por cargos federales de drogas y lavado de dinero en 2018.
Fue Johnson quien intervino a favor de los hermanos, quienes cumplían cadena perpetua por conspiración para el narcotráfico, según Brittany Barnett, fundadora del Proyecto Enterrados Vivos, una organización sin fines de lucro que se hizo cargo del caso de los Sotelo. Los hermanos fueron liberados a finales del mes pasado.
Johnson "conoce de primera mano el peso de una cadena perpetua", dijo Barnett. "Estos hombres cumplían la misma condena que el Unabomber : por delitos relacionados con drogas".
La apertura mental de Trump ha enviado “ondas de esperanza a través de los muros de las prisiones para las miles de personas que aún cumplen condenas extremas”, dijo Barnett.
Ninguna conmutación parece descartada en prisiones como FCI Ashland, la cárcel de Kentucky donde Scott, el ex agente de la DEA, ha estado recluido casi cuatro años.
Un agente destacado de la DEA cayó en desgracia
Scott, de 57 años, hacía ejercicio en marzo con Brian Kelsey cuando el exsenador estatal de Tennessee recibió la noticia de que había sido indultado tan solo dos semanas después de cumplir una condena de 21 meses por fraude en la financiación de campañas. Kelsey calificó su liberación como una "victoria para todos los estadounidenses que creen en un sistema de justicia imparcial para todos".
El mes pasado, el presidente indultó a otro exprisionero de Ashland, PG Sittenfeld, exconcejal de la ciudad de Cincinnati que no solo ganó el cargo como demócrata, sino que criticó duramente a Trump. No está claro por qué Trump indultó a Sittenfeld, quien también pareció sorprendido por la concesión del indulto. "Me quedé tan atónito como sospecho que ustedes", escribió a sus partidarios este mes, según el Cincinnati Business Courier.
En su propia solicitud de conmutación, Scott intentó llamar la atención de Trump no solo sobre su herida en la oreja —sufrida en un tiroteo anterior a su carrera policial—, sino también sobre el fiscal que llevó su caso. Este fiscal trabajó posteriormente para el fiscal especial Jack Smith , cuyo equipo acusó a Trump en dos ocasiones. Los cargos fueron retirados tras la victoria de Trump en las elecciones de noviembre.
“Aunque no pretendo ser un santo, NO cometí los crímenes por los que he sido condenado”, escribió Scott al presidente, incluso usando mayúsculas como lo hace Trump en las redes sociales.
Scott había sido uno de los agentes de narcóticos más prolíficos del país durante sus 17 años de carrera en la DEA y ganó varios premios por su trabajo.
Su caída comenzó en 2016, cuando dos miembros de su equipo de trabajo con sede en Nueva Orleans fueron arrestados por robo y consumo de drogas, lo que dio lugar a una investigación del FBI que duró un año. Un jurado federal condenó a Scott en 2019 por orquestar falso testimonio contra un traficante. También fue declarado culpable de falsificar documentación de la DEA para adquirir una camioneta y, tras un juicio aparte, de robar dinero y propiedades a sospechosos.
Su liberación está prevista para 2031 y ha agotado todos los recursos posibles. El indulto de Trump, según declaró Scott a AP, es su "último recurso".
Según todos los informes, Scott ha sido un preso modelo y ha obtenido privilegios muy codiciados. Pasa sus días como "chófer local" de la FCI Ashland, llevando a los presos recién liberados a paradas de autobús, centros de reinserción social, hospitales y consultorios médicos en ciudades cercanas.
Y ha participado en un programa llamado Pawsibilities Unleashed, en el que cría y entrena perros de servicio y terapia tras las rejas.
A uno de sus caninos más recientes, un Labrador, le puso el nombre de Trump.
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Jim Mustian es un reportero de investigación de Associated Press especializado en noticias de última hora.
(Foto AP/Alex Brandon)
53muertesSAN ANTONIO (AP) — Dos contrabandistas condenados por cargos federales en relación con la muerte de 53 migrantes encontrados en la parte trasera de un camión con remolque en Texas en 2022 enfrentan cadena perpetua cuando se les dicte sentencia el viernes.
Felipe Orduña Torres y Armando Gonzales Ortega serán los primeros de varios acusados ​​sentenciados en la tragedia de San Antonio, que sigue siendo el intento de tráfico de personas más mortífero del país a través de la frontera entre Estados Unidos y México . Un jurado los condenó en marzo por participar en una conspiración de tráfico de personas que resultó en muertes y lesiones.
Los fiscales describieron a Orduna-Torres como el líder de la operación de contrabando dentro de Estados Unidos y a Gonzales-Ortega como su principal asistente.
Los inmigrantes provenían de Guatemala, Honduras y México y habían pagado entre 12.000 y 15.000 dólares cada uno para ser introducidos de contrabando a Estados Unidos, según la acusación formal del caso. Habían llegado hasta la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, cuando los subieron a un tráiler con el aire acondicionado averiado para un viaje de tres horas hasta San Antonio.
A medida que subía la temperatura dentro del remolque, quienes estaban dentro gritaban y golpeaban las paredes pidiendo ayuda o intentaban salir a zarpazos, según los investigadores. La mayoría finalmente se desmayó. Cuando se abrió el remolque en San Antonio, 48 personas ya habían fallecido. Otras 16 fueron trasladadas a hospitales, donde cinco más fallecieron. Entre los fallecidos se encontraban seis niños y una mujer embarazada.
Los investigadores afirmaron que Orduna Torres y Gonzales Ortega colaboraban en operaciones de tráfico de personas en Guatemala, Honduras y México, y compartían rutas, guías, escondites, camiones y remolques. Orduna Torres proporcionó la dirección en Laredo donde serían recogidos, y González Ortega se reunió con ellos allí.
Otros cinco hombres se declararon culpables previamente de delitos graves en el caso de contrabando, incluyendo al camionero Homero Zamorano Jr. , quien fue encontrado escondido cerca del remolque entre unos arbustos. Zamorano enfrenta hasta cadena perpetua cuando sea sentenciado en diciembre. Está previsto que los demás acusados ​​sean sentenciados a finales de este año.
El incidente es la tragedia más mortífera que se ha cobrado miles de vidas en las últimas décadas al intentar cruzar la frontera estadounidense desde México. Diez inmigrantes murieron en 2017 tras quedar atrapados dentro de un camión estacionado en una tienda Walmart en San Antonio. En 2003, se encontraron los cadáveres de 19 inmigrantes en un camión bajo el calor sofocante al sureste de San Antonio.
(Foto AP/Eric Gay, Archivo)
Ley migracionLos recortes de gastos y el paquete de seguridad fronteriza del presidente Donald Trump inyectarían aproximadamente 150 mil millones de dólares a su agenda de deportación masiva durante los próximos cuatro años, financiando todo, desde una extensión del muro fronterizo del sur de los Estados Unidos hasta centros de detención y miles de agentes policiales adicionales.
El presupuesto anual actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el principal departamento del gobierno encargado de la aplicación de la ley migratoria, ronda los 10 000 millones de dólares. Si el ambicioso proyecto de ley del presidente republicano se aprueba en el Congreso, esta enorme inyección de fondos podría transformar el sistema migratorio estadounidense , ampliando la red de agentes de seguridad y detención, a la vez que aumenta los costos de inmigración legal.
El Senado debate su propia versión del proyecto de ley, que coincide en gran medida con el enfoque de la Cámara de Representantes en estos temas. En los últimos días, los republicanos se han centrado en protestas, a veces violentas, contra la ofensiva migratoria de Trump para presionar por una rápida aprobación ante la oposición demócrata.
Eso fue lo que sucedió a principios de junio, cuando las protestas provocaron disturbios en algunas partes de Los Ángeles.
“La anarquía que se vive en Los Ángeles es otra razón por la que necesitamos aprobar la Ley Única, Grande y Hermosa INMEDIATAMENTE”, escribió el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en X. “Esta ley proporciona los fondos ESENCIALES necesarios para asegurar las fronteras de nuestra nación”.
Sin embargo, todavía hay muchas cosas poco claras sobre la legislación.
“Un aspecto de este proyecto de ley es que sus secciones son extremadamente vagas”, dijo Adam Isacson, investigador de WOLA, organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, incluyendo gastos multimillonarios que a veces se explican en pocas líneas. “El proyecto de ley no especifica cómo se gastará”.
A continuación, un vistazo a algunas secciones clave sobre inmigración del proyecto de ley de 1.000 páginas, tal como fue aprobado por la Cámara, y lo que podría significar para la postura del gobierno de Estados Unidos sobre inmigración:
PROYECTO: El muro
LO QUE DICE EL PROYECTO DE LEY: El proyecto de ley destina $46.5 mil millones para lo que el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes denomina un "sistema integrado de barreras fronterizas", que incluye cercas , barreras hidráulicas, vías de acceso para las fuerzas del orden y tecnología como sensores de movimiento. Según el comité, los fondos completarían 1128 kilómetros (701 millas) de muros primarios y 1448 kilómetros (900 millas) de barreras fluviales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Es el mayor gasto del proyecto de ley.
“Cualquier legislador que diga que le importa la seguridad fronteriza tendrá que poner en práctica sus palabras y trabajar para impulsar estas recomendaciones”, dijo el presidente del comité, el representante republicano Mark Green de Tennessee.
EL IMPACTO: La construcción del muro ha sido durante mucho tiempo una de las promesas emblemáticas de Trump, pero sus impactos, más allá del simbolismo político, no están claros. Los cruces fronterizos ilegales se han desplomado desde que Trump asumió el cargo en enero, en medio de una serie de órdenes sobre inmigración , incluyendo la suspensión del sistema de asilo. La simple eliminación del asilo significó que decenas de miles de personas que se habrían entregado a las fuerzas del orden en lugar de intentar evitar ser capturadas ni siquiera intentaron cruzar.
Además, la eficacia de los muros fronterizos es objeto de un intenso debate, incluso en zonas pobladas donde las barreras suelen estar fuertemente reforzadas. Los traficantes de personas, a menudo vinculados a los cárteles de la droga, han utilizado túneles, escaleras y herramientas eléctricas para cruzar los muros.
Pero los expertos señalan que, aunque los cruces ilegales han disminuido ahora, eso puede cambiar rápidamente.
PROYECTO: Centros de detención y personal
LO QUE DICE EL PROYECTO DE LEY: El proyecto de ley, que el principal asesor de la Casa Blanca y defensor de la inmigración, Stephen Miller, ha llamado "la pieza legislativa más esencial que se está considerando actualmente en todo el mundo occidental", reserva 45 mil millones de dólares para expandir la red de centros de detención de inmigrantes para migrantes adultos y familias.
Los estándares en las instalaciones para adultos, señala el proyecto de ley, se establecerían “a discreción exclusiva del Secretario de Seguridad Nacional”.
También se solicitaron más de 12 mil millones de dólares para 18.000 nuevos funcionarios de ICE y de la Patrulla Fronteriza.
EL IMPACTO: El ICE ha declarado que quiere aumentar su capacidad actual de detención de aproximadamente 41.000 personas a 100.000. Esto forma parte de lo que el director interino del ICE, Todd Lyons, ha sugerido como un sistema de deportación que podría funcionar "como Amazon, intentando que tu producto llegue en 24 horas".
ICE tiene actualmente alrededor de 6.000 oficiales de deportación , una cifra que ha estado estancada durante años.
Si bien ampliar el personal y los centros de detención facilitaría al gobierno aumentar las deportaciones, incluso las decenas de miles de millones de dólares que solicita el proyecto de ley podrían no ser suficientes para alcanzar los objetivos de Trump. Miller ha afirmado que el ICE debería realizar 3.000 arrestos diarios de personas que se encuentran sin permiso en el país. Esto representa un aumento considerable con respecto a los aproximadamente 650 arrestos diarios de los primeros cinco meses del segundo mandato de Trump.
Pero los planes son una bendición para la industria penitenciaria privada de Estados Unidos , con los precios de las acciones de las dos compañías dominantes, Geo Group Inc. y CoreCivic, subiendo más del 50% desde la elección de Trump.
PROYECTO: Tribunales de inmigración
LO QUE DICE EL PROYECTO DE LEY: La legislación destina $1.25 mil millones al sistema de tribunales de inmigración, con fondos para contratar más jueces de inmigración y personal de apoyo, así como para ampliar la capacidad de los tribunales. El presupuesto anual de los tribunales actualmente asciende a aproximadamente $850 millones.
EL IMPACTO: El sistema de tribunales de inmigración, que cuenta con aproximadamente 700 jueces, ha lidiado durante años con una escasez crónica de personal y un atraso que ha alcanzado más de 3,6 millones de casos. Los jueces suelen tardar más de cinco años en tomar decisiones.
Es un sistema caótico , con jueces sobrecargados de trabajo, escasez de traductores e inmigrantes que a menudo no tienen abogados.
El caos ha aumentado en las últimas semanas, con un aumento repentino de arrestos en los tribunales de inmigración fuera de las salas, mientras los agentes esperan para detener a los inmigrantes que asisten a audiencias rutinarias. Los arrestos han generado confusión y temor , especialmente entre los solicitantes de asilo, acostumbrados a permanecer en libertad mientras sus casos avanzan lentamente en el sistema.
La financiación propuesta representaría “un aumento significativo y, desde una perspectiva institucional, es dinero que se necesita con urgencia”, dijo Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
Pero también cree que el creciente número de arrestos en los tribunales refleja una administración que busca formas de eludir los tribunales de inmigración.
PROYECTO: Tasas de inmigración
LO QUE DICE EL PROYECTO DE LEY: El proyecto de ley reforma el sistema de costos de inmigración , con aumentos dramáticos y nuevas tarifas impuestas por servicios que antes eran gratuitos.
Solicitar asilo, que durante mucho tiempo ha sido gratuito, ahora costará $1,000, y los solicitantes de asilo pagarán $550 adicionales por las solicitudes de empleo. Entre otros aumentos de tarifas, apelar la decisión de un juez de inmigración pasa de $110 a $900, y solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a las personas de ciertos países que enfrentan disturbios civiles o desastres naturales permanecer temporalmente en Estados Unidos, pasa de $50 a $500.
EL IMPACTO: Para los inmigrantes más adinerados, las nuevas tarifas serán un inconveniente. Pero para la gran mayoría, incluso unos pocos cientos de dólares podrían bastar para hacerles cambiar de planes.
Por  TIM SULLIVAN
(Foto AP/Jae C. Hong, Archivo)

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