
Horas después, la fiscalía panameña anunció la emisión de órdenes de arresto en relación con una investigación de tres años sobre el sindicato nacional de trabajadores de la construcción que dirigía. La fiscalía no identificó a los sujetos de la investigación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó que Saúl Méndez, secretario general del gremio, solicitó asilo.
El agregado comercial de Bolivia en Panamá, Carlos Javier Suárez Cornejo, dijo que a Méndez se le dio protección temporal mientras evaluaban su caso.
Un día antes, el gobierno del presidente José Raúl Mulino anunció que se canceló la personería jurídica del sindicato porque no contaba con los controles internos necesarios, entre ellos para prevenir el lavado de dinero.
Otro de los dirigentes del sindicato, Jaime Caballero, fue detenido una semana antes por presunto lavado de dinero.
El sindicato ha sido una fuerza central en un mes de protestas callejeras que, en ocasiones, bloquearon importantes carreteras. Las demandas incluyen la eliminación de las reformas al sistema de seguridad social panameño y la oposición a un acuerdo de seguridad que otorga a soldados y contratistas estadounidenses acceso a algunas instalaciones en Panamá.
Las marchas continuaron el miércoles, pero los bloqueos que habían paralizado el tráfico habían desaparecido.
Mulino ha dicho que las reformas eran necesarias para mantener solvente el sistema de seguridad social y negó que el acuerdo con Estados Unidos atente contra la soberanía de Panamá .
(Foto AP/Matias Delacroix)