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Mujer africanaCIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Una mujer sudafricana fue sentenciada a cadena perpetua el jueves por vender a su hija de 6 años.
Kelly Smith fue sentenciada por un juez junto con otras dos personas, su novio y otro hombre, quienes también recibieron cadena perpetua. Los tres fueron condenados a principios de este mes por secuestro y trata de personas.
La hija de Smith, Joshlin, desapareció en febrero de 2024 cuando tenía 6 años, lo que desencadenó una búsqueda a nivel nacional por parte de la policía sudafricana. Aún no ha sido encontrada.
Smith, su novio Jacquen Appollis y su amigo Steveno van Rhyn fueron condenados a cadena perpetua por tráfico de personas y a 10 años cada uno por secuestro.
El juez Nathan Erasmus leyó sus sentencias en un polideportivo de la ciudad de Saldanha Bay, en la costa oeste de Estados Unidos. El juicio se trasladó al polideportivo para que la comunidad local pudiera asistir.
Smith, cuyo nombre completo es Racquel Chantel Smith, fue inicialmente una figura de compasión cuando su hija desapareció. Miembros de la comunidad la apoyaron y se ofrecieron como voluntarios para ayudar a la policía a buscar a Joshlin en las dunas de arena cerca de su barrio marginal de chabolas, cerca de la bahía de Saldanha, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de Ciudad del Cabo.
Una fotografía de Joshlin sonriendo y con el cabello atado en coletas fue transmitida por estaciones de noticias de toda Sudáfrica durante su búsqueda.
Smith dijo que había dejado a Joshlin con Appollis el día que desapareció, pero el caso dio un giro impactante cuando Smith fue arrestado.
Una mujer testificó durante el juicio que Smith le había dicho que ella y los dos hombres habían vendido a Joshlin por alrededor de 1.000 dólares a un curandero tradicional que quería a la niña para obtener partes de su cuerpo.
El veredicto del juez no llegó a ninguna conclusión sobre a quién fue vendida la niña ni qué le ocurrió exactamente, pero dijo que había sido vendida para esclavitud o prácticas similares a la esclavitud.
Noticias de AP África: https://apnews.com/hub/africa
(Foto AP, archivo)

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Gobernadora Puerto RicoSAN JUAN (AP) — La gobernadora Jenniffer González Colón se comprometió el jueves a mejorar la deteriorada red eléctrica de Puerto Rico y a impulsar la economía, en su primer discurso tras ser elegida el año pasado mientras crece la indignación por los cortes de energía crónicos y el incremento en el costo de la vida.
González Colón, del Partido Nuevo Progresista que apoya la estadidad, habló durante casi dos horas, en las cuales enumeró sus logros desde que asumió el cargo en enero y anunció inversiones multimillonarias para mejorar la salud, la educación y la seguridad pública en la isla.
“Sin duda alguna el camino ha sido duro, y lleno de lecciones que debemos asegurarnos no repetir”, manifestó.
González Colón indicó que el próximo presupuesto incluye fondos para contratar a 800 policías nuevos, 12 millones de dólares para contratar a nuevos bomberos y 24 millones de dólares para reclutar médicos residentes, ya que los profesionales de la salud continúan mudándose al territorio continental de Estados Unidos, dejando a Puerto Rico con pocos o ningún especialista en ciertas áreas.
Señaló que más del 60% —aproximadamente 8 mil millones de dólares— del próximo presupuesto del fondo general está destinado a la salud, la educación y la seguridad pública. El presupuesto aún no ha sido aprobado.
María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño, dijo después del discurso de la gobernadora que las cifras anunciadas son insuficientes, ya que se necesitan miles de ciertos empleados gubernamentales, incluidos policías.
González Colón, simpatizante del presidente estadounidense Donald Trump, criticó a la burocracia federal durante su discurso, haciendo notar que su gobierno seguiría presionando para liberar unos 18 mil millones de dólares en fondos federales asignados a mejorar la red eléctrica de Puerto Rico, que el huracán María —de categoría 4— arrasó en septiembre de 2017.
Renovó también su promesa de cancelar el contrato del gobierno con Luma Energy, una empresa privada que supervisa la transmisión y distribución de energía en la isla.
“La salida de este contrato será una realidad”, expresó mientras sus seguidores se ponían de pie y aplaudían.
González Colón dijo que un suministro eléctrico confiable es esencial para atraer inversiones, a la vez que prometió seguir atrayendo más manufactura a Puerto Rico. Indicó también que en los próximos meses anunciaría la expansión de cinco industrias en la isla.
La duración de su discurso y la velocidad con la que en ocasiones lo pronunció sorprendieron a algunos.
El analista político y profesor universitario Jorge Schmidt Nieto apuntó que parecía una táctica para distraer a aquellos que han criticado a su administración de inacción y al gobierno por no haber aprobado muchas leyes hasta ahora.
“Ella trató de traer un tono optimista porque sabe que ha recibido muchas criticas”, comentó Schmidt Nieto.
Otro que criticó a González Colón fue Pablo José Hernández, representante de Puerto Rico en el Congreso y presidente del opositor Partido Popular Democrático: “Si una palabra describe el comienzo de este gobierno, esa palabra es desorden”.
Hizo notar que, en los últimos cinco meses, González Colón ha presentado tres candidatos para ser secretario de Estado de Puerto Rico, dos candidatos para su departamento de justicia y otros dos candidatos para su departamento del trabajo. Ninguno de esos puestos ha sido ocupado, ya que hasta ahora el partido de la gobernadora no ha logrado aprobar a los que ella ha nominado.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
(AP Foto/Alejandro Granadillo, archivo)
POR  DÁNICA COTO

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Sindicato ColombianoBOGOTÁ, Colombia (AP) — Los sindicatos de trabajadores de Colombia comenzaron el miércoles una huelga de 48 horas en apoyo a un referendo propuesto por el presidente Gustavo Petro para que los votantes decidan si reformar las leyes laborales del país.
El paro laboral se produjo en respuesta a un llamado directo de Petro , quien ha argumentado que el Congreso va en contra de los intereses de los trabajadores al bloquear repetidamente sus esfuerzos por reformar la normativa laboral. El referéndum, cuyas preguntas incluirían si la jornada laboral debería limitarse a ocho horas, se ha convertido en el centro de largas tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo.
Después de que el Congreso rechazara la reforma laboral de Petro dos veces , la más reciente en marzo, este envió a los legisladores una propuesta de referéndum de 12 preguntas el 1 de mayo. Dos semanas después, el cuerpo legislativo votó 49-47 en contra de la medida, lo que llevó a Petro a acusar a los legisladores de fraude y finalmente a llamar a los trabajadores a manifestarse a favor de su propuesta.
“Le decimos al Senado que no puede seguir legislando contra la clase trabajadora”, declaró Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, en un comunicado. “Por ello, exigimos que se apruebe el referéndum como un mecanismo real para la restitución de derechos”.
El sindicato de Arias esperaba conseguir que al menos 3 millones de trabajadores participaran en la huelga.
El miércoles, los sindicalistas salieron a las calles en las principales ciudades de Colombia. En Bogotá, algunos manifestantes bloquearon los carriles exclusivos para autobuses públicos, impidiendo la circulación de miles de personas, según la alcaldía.
“Me movilizo porque siento que mis derechos han sido vulnerados”, dijo Yeimy Cante Toro, integrante del sindicato de trabajadores de organizaciones no gubernamentales, mientras se manifestaba en Bogotá.
Un día antes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que Petro emitirá un decreto el 1 de junio para autorizar el referéndum si los legisladores no vuelven a votarlo.
Los desacuerdos entre Petro y el Congreso se remontan al inicio de su mandato en 2022, pero se han agudizado a medida que busca consolidar su legado de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, puede ser reelegido.
“El Congreso brindó un salvavidas al gobierno en un momento de gran debilidad al rechazar la reforma laboral”, dijo Mauricio Velásquez, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Los Andes. “Le dio (a Petro) la oportunidad de repetir la estrategia de usar el fracaso legislativo para agitar la arena política”.
(Foto AP/Santiago Saldarriaga)

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Marcha EvoLA PAZ, Bolivia (AP) — Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales chocaron el miércoles con la policía cerca del Palacio de Gobierno, en La Paz, en el tercer día de protestas contra su inhabilitación como candidato en las elecciones presidenciales de agosto.
Los manifestantes lanzaron petardos y piedras al cerco creado por policía en los accesos a la sede gubernamental e intentaron ingresar. Los agentes policiales usaron gases lacrimógenos para dispersarlos.
Morales (2006-2019) quedó fuera de los próximos comicios —pese a que llevaba meses en pugna con el presidente Luis Arce para ser el candidato del oficialismo— por un fallo constitucional que ratificó que no puede ir a una nueva reelección. Aún así, insistió en postularse por diferentes vías, incluida la de buscar otras siglas políticas.
Sin embargo, no logró registrar su candidatura en el Tribunal Supremo Electoral porque el pequeño partido político con el que lo intentó tenía cancelada su participación por no cumplir con el mínimo de votación requerido.
El propio tribunal electoral señaló que el plazo de inscripción de candidaturas cerró el 19 de mayo y que es irrevisable. Evo Morales anunció entonces que va a continuar con sus protestas a pesar de que no tiene opciones para lograr ser habilitado como candidato.
El gobierno de Arce ha acusado a Morales de buscar una convulsión. “Hay gente que quiere generar un caos perfectamente organizado, que quiere poner en riesgo las elecciones”, dijo recientemente.
Los incidentes en la protesta del miércoles dejaron cuatro policías heridos, informó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, en conferencia de prensa. No indicó, en cambio, si hubo lesionados entre los manifestantes. “Ha habido violencia, hay un desafío a la institucionalidad... Estas movilizaciones buscan desgastar al poder”, dijo.
El expresidente de 65 años ha promovido las protestas desde su feudo político, la región cocalera del Chapare, al centro de Bolivia, de donde no sale desde octubre, eludiendo una orden detención que tiene vigente por negarse a declarar sobre un caso de presunto abuso de una menor cuando era mandatario.
Efraín Seña, que se identificó como partidario de Morales, aseguró a The Associated Press que sin el expresidente en la boleta electoral no hay democracia. “La democracia esta pisoteada… Por eso estamos aquí todos mis compañeros en busca del movimiento popular que este reconocido”.
Morales culpa a su heredero y sucesor, el presidente Luis Arce, de un complot judicial para sacarlo de la carrera electoral tras fuertes pugnas de liderazgo dentro del partido de gobierno. El exgobernante se quedó sin la dirección y alejado del Movimiento Al Socialismo, el partido gobernante que postuló a su exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para las elecciones de agosto.
Las disputas han puesto en riesgo la hegemonía de 18 años del partido gobernante. Arce renunció a la relección tras una fuerte caída en su popularidad en medio de la crisis económica que golpea al país, la peor en 40 años, y se registró como candidato a senador.
POR  ASSOCIATED PRESS
(AP Foto/Juan Karita)

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BYDSAO PAULO (AP) — Fiscales brasileños dijeron el martes que están demandando al gigante chino de vehículos eléctricos BYD y a dos de sus contratistas por acusaciones de utilizar trabajadores en condiciones laborales similares a la esclavitud y participar en tráfico internacional de personas.
La Procuraduría Laboral del estado de Bahía informó en un comunicado que solicita 257 millones de reales brasileños (50 millones de dólares) en daños y perjuicios a BYD, China JinJiang Construction Brasil y Tecmonta Equipamentos Inteligentes.
La demanda surge de una investigación que condujo al rescate el año pasado de 220 trabajadores chinos de la obra de la nueva fábrica de BYD en la ciudad de Camaçari. La fiscalía afirmó que los trabajadores fueron traídos a Brasil con engaños y visas que no se correspondían con sus puestos de trabajo.
Las condiciones laborales eran extremadamente degradantes. Cinco asentamientos estaban bajo el control de BYD, JinJiang y Tecmonta. Algunos trabajadores dormían en camas sin colchones y llevaban sus pertenencias personales junto con la comida —declaró la fiscalía—. Había pocos baños, que no estaban asignados por género. En uno de los asentamientos, había un solo baño para 31 personas, lo que obligaba a los trabajadores a levantarse a las 4 de la mañana para su higiene personal antes de ir a trabajar.
BYD declaró en un comunicado que colabora con las investigaciones desde el inicio y que hablará sobre el caso durante su desarrollo. También afirmó que respeta las leyes brasileñas y las normas laborales internacionales.
En diciembre, un portavoz del fabricante de automóviles chino se opuso a los informes sobre las malas condiciones en el sitio de construcción en Brasil, diciendo que las acusaciones tenían como objetivo "difamar" a China y a las marcas chinas.
(Foto AP/Eraldo Peres, Archivo)
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