CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Un líder del sindicato más poderoso de Panamá, una fuerza impulsora de semanas de protestas callejeras contra las reformas a la seguridad social, escaló el muro de una embajada y solicitó asilo político a Bolivia el miércoles.
Horas después, la fiscalía panameña anunció la emisión de órdenes de arresto en relación con una investigación de tres años sobre el sindicato nacional de trabajadores de la construcción que dirigía. La fiscalía no identificó a los sujetos de la investigación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó que Saúl Méndez, secretario general del gremio, solicitó asilo.
El agregado comercial de Bolivia en Panamá, Carlos Javier Suárez Cornejo, dijo que a Méndez se le dio protección temporal mientras evaluaban su caso.
Un día antes, el gobierno del presidente José Raúl Mulino anunció que se canceló la personería jurídica del sindicato porque no contaba con los controles internos necesarios, entre ellos para prevenir el lavado de dinero.
Otro de los dirigentes del sindicato, Jaime Caballero, fue detenido una semana antes por presunto lavado de dinero.
El sindicato ha sido una fuerza central en un mes de protestas callejeras que, en ocasiones, bloquearon importantes carreteras. Las demandas incluyen la eliminación de las reformas al sistema de seguridad social panameño y la oposición a un acuerdo de seguridad que otorga a soldados y contratistas estadounidenses acceso a algunas instalaciones en Panamá.
Las marchas continuaron el miércoles, pero los bloqueos que habían paralizado el tráfico habían desaparecido.
Mulino ha dicho que las reformas eran necesarias para mantener solvente el sistema de seguridad social y negó que el acuerdo con Estados Unidos atente contra la soberanía de Panamá .
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos cuatro personas estuvieron involucradas en el asesinato del secretario personal y asesor cercano de la jefa de gobierno de la Ciudad de México , Clara Brugada, dijo el miércoles el jefe de la policía capitalina, mientras surgían más detalles del peor ataque contra funcionarios públicos en la capital en los últimos años.
Pablo Vázquez Camacho dijo que los investigadores identificaron y encontraron una motocicleta y otros dos vehículos utilizados en la fuga del hombre armado que mató a los dos funcionarios el martes por la mañana cuando viajaban en un vehículo por una concurrida vía.
La secretaria personal de Brugada, Ximena Guzmán, y un asesor, José Muñoz, fueron asesinados a tiros en el automóvil de Guzmán, dijeron las autoridades.
La procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dijo que el pistolero había huido en una motocicleta que estaba escondida cerca y luego cambió de vehículo dos veces mientras él y otros huían al vecino Estado de México.
En los vehículos se recuperó ropa que estaba siendo analizada, pero los investigadores aún no pudieron ofrecer un posible motivo, dijo el fiscal.
Dijo que Guzmán recibió ocho disparos y Muñoz cuatro.
Alcalde dijo que dadas las circunstancias, los investigadores creen que “fue un ataque directo y con un grado importante de planificación y quienes los mataron tenían experiencia previa”.
Aún así, dijo que los investigadores aún no podían proponer un motivo o decir quién estaba detrás de los asesinatos.
“No podemos concluir que esto esté vinculado al crimen organizado, mucho menos hablar ahora de un grupo del crimen organizado en particular”, dijo Alcalde.
Ambos funcionarios dijeron el miércoles que los investigadores habían detectado la presencia de un individuo en el lugar de los ataques días antes de que ocurrieran, lo que sugeriría conocimiento de las rutinas de las víctimas.
El ataque, ocurrido alrededor de las 7 de la mañana, dejó cuatro impactos de bala agrupados en el parabrisas del lado del conductor. Un cuerpo yacía en el pavimento.
Vázquez Camacho dijo que ni Guzmán ni Muñoz contaban con medidas de seguridad especiales, pero ambos habían recibido capacitación sobre cómo protegerse.
“Son personas que trabajaron muy de cerca con el pueblo… y realizaron su trabajo sin miedo”, afirmó.
La presidenta Claudia Sheinbaum , aliada de Brugada y ex alcaldesa de la Ciudad de México antes de ganar la presidencia el año pasado, se había negado a especular sobre la posible participación del crimen organizado durante su conferencia de prensa el miércoles por la mañana.
El miércoles por la mañana, cientos de pasajeros pasaban por el lugar del ataque, la mayoría ajenos a lo ocurrido el día anterior. Algunos, sin embargo, notaron los carteles escritos a mano con mensajes de recuerdo a las dos víctimas, así como las flores y velas dejadas en la acera.
La estudiante universitaria Loretta García Oriz dijo que había pasado por el lugar el martes cuando los cuerpos de Guzmán y Muñoz aún estaban en el lugar. "Pasar por aquí me causa el mismo trauma", dijo el miércoles.
El puesto de tacos de Oscar Sánchez no está lejos de la escena del crimen, pero dijo el miércoles que no sabía qué había sucedido hasta que otro vendedor se lo contó y la policía comenzó a establecer un perímetro. El ataque demostró que no importa si eres un funcionario o una persona común y corriente, dijo. "Es lo mismo".
El jefe de gobierno de la Ciudad de México es considerado el segundo en importancia política, después del presidente. La alcaldía ha sido durante mucho tiempo un trampolín hacia la presidencia, algo que también ocurrió con Sheinbaum y su predecesora.
Pero durante años, ha prevalecido la idea de la Ciudad de México como un oasis relativamente tranquilo, protegido de la brutal violencia de los cárteles de la droga que prevalece en otras partes del país. Siempre ha habido delincuencia callejera, pero los cárteles, aunque presentes, han mantenido un perfil bajo en la capital.
Esa ilusión se vio parcialmente frustrada en 2020 con la descarada emboscada al entonces jefe de policía de la Ciudad de México en otra avenida céntrica. Omar García Harfuch resultó herido, pero dos guardaespaldas y un transeúnte murieron en el ataque, en el que participaron más de 20 personas y armamento pesado.
García Harfuch inmediatamente culpó al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde entonces no se había producido otro ataque similar contra funcionarios públicos en la capital.
MARÍA VERZA se ha centrado en historias de inmigración, violencia y derechos humanos en México y Centroamérica durante más de una década.
LA PAZ, Bolivia (AP) — El máximo tribunal electoral de Bolivia descalificó el martes al expresidente Evo Morales para postularse en las elecciones presidenciales de agosto y suspendió la candidatura del otro principal contendiente izquierdista, catapultando de inmediato al gobernante partido socialista del presidente Luis Arce a las filas de los favoritos a pesar de su impopularidad.
Las medidas se dirigieron a los dos rivales izquierdistas más fuertes del candidato de Arce: Morales, el primer presidente indígena de Bolivia que gobernó el país desde 2006 hasta su derrocamiento en 2019, y Andrónico Rodríguez, el joven presidente del Senado que proviene del bastión rural cocalero de Morales.
Tanto Morales como Rodríguez se comprometieron a luchar contra las decisiones y las condenaron como un golpe a la frágil democracia de la nación andina.
“Los partidos que quieren apoyarme han sido perseguidos”, declaró Morales, quien aún cuenta con un ferviente apoyo en su bastión del altiplano tropical, en un programa de radio local. “La batalla no está perdida. Libraremos una batalla social y legal”.
En las redes sociales, expresó su alarma por “la grave amenaza que enfrenta hoy la democracia”.
Morales ha prometido reiteradamente que Bolivia “convulsionaría” si el tribunal electoral lo excluye de la carrera, lo que aumenta la sensación de crisis en el período previo a la votación profundamente polarizada programada para el 17 de agosto.
El presidente Arce desestimó las críticas y se limitó a pedir que “la disputa electoral no genere inestabilidad política y económica”.
Rodríguez —un candidato de 36 años con rostro fresco que generó entusiasmo entre los votantes desilusionados con la quinta candidatura presidencial de Morales e indignados con el manejo de Arce de la peor crisis económica de Bolivia en 40 años— también llamó a protestas contra lo que llamó “una decisión política” de suspender su candidatura.
“Ninguna sentencia o decisión judicial motivada por intereses políticos puede anular la voluntad soberana del pueblo”, escribió en X.
El Tribunal Supremo Electoral dio razones técnicas y limitadas para las decisiones, ya que se cerró la ventana para que los candidatos registraran sus partidos políticos.
Una lucha de poder entre Morales y su ex aliado y ministro de finanzas, el presidente Arce, ha fracturado su partido dominante, el Movimiento al Socialismo, o MAS, obligando a Morales a separarse y crear su propio partido político.
Arce, cuya popularidad se ha desplomado a medida que el aumento de la inflación y la escasez de combustible paralizan al país, abandonó la carrera la semana pasada y nominó a su ministro principal, Eduardo del Castillo, como candidato del partido MAS.
Del Castillo, un abogado de rostro severo y leal a Arce que supervisó la represión policial a las protestas antigubernamentales durante el último año, ha tenido dificultades para conseguir el tipo de apoyo del que disfrutan Morales y Rodríguez.
Las divisiones también están dividiendo el voto en la derecha, lo que ha dejado al movimiento anti-MAS sin un claro favorito para aprovechar lo que de otro modo podría ser la primera oportunidad real de victoria de la oposición después de casi dos décadas de gobierno de izquierda.
Según la lista publicada este martes por el Tribunal Supremo Electoral, entre los candidatos de la oposición registrados con éxito se encuentra Samuel Doria Medina, de 66 años, un ex magnate del cemento conocido por sus múltiples intentos fallidos de postularse a la presidencia.
También está Jorge “Tuto” Quiroga, quien promovió reformas favorables al mercado como presidente entre 2001 y 2002, después de servir como vicepresidente del fallecido dictador militar Hugo Banzer, en un gobierno acusado de abusos generalizados contra los derechos humanos.
“Morales está fuera de la carrera”, declaró el martes Tahuichi Tahuichi, miembro de la junta directiva.
La descalificación de Morales, aunque controvertida, era previsible. Su recién formada facción política, "Evo Pueblo", carece de personería jurídica, según el tribunal electoral, mientras que un partido aliado que planeaba acoger su candidatura no cumplía con otros requisitos legales.
Aunque Morales siguió insistiendo en la legitimidad de su candidatura, un fallo divisivo del Tribunal Constitucional que prohíbe a los ciudadanos postularse para más de dos mandatos presidenciales también complica su camino de regreso a la presidencia.
Algunos analistas consideran que ese fallo —tomado por jueces aliados de Arce que interfirieron en las elecciones judiciales para extender sus propios mandatos— es emblemático de cómo el poder judicial en Bolivia ha sido socavado por disputas políticas.
“Arce se benefició del rápido deterioro de un sistema de justicia ya débil, no implementó reformas desesperadamente necesarias y manipuló los tribunales para su beneficio”, dijo Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información, un grupo de investigación boliviano.
“Esta falta de debido proceso y de Estado de derecho convierte las próximas elecciones en una auténtica batalla campal con un resultado impredecible e insostenible”.
Más sorprendente fue la decisión del tribunal de suspender la candidatura de Rodríguez a la espera de una audiencia sobre la legalidad de su alianza política. Los jueces aceptaron su apelación y fijaron la primera sesión del tribunal para el miércoles.
Las nuevas restricciones a los candidatos también generaron críticas incluso de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.
“El sistema democrático está en riesgo por acciones legales que afectan el normal desarrollo de las elecciones”, escribió Francisco Vargas, miembro del organismo electoral. “Alerta al país y a la comunidad internacional”.
ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para The Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió el Medio Oriente desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV pidió el miércoles que llegue ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que se ponga fin al “desgarrador” costo para su población, al presidir su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro.
El Vaticano dijo que alrededor de 40.000 personas estuvieron presentes en la audiencia, que tuvo lugar apenas días después de que unas 200.000 personas asistieran el domingo a la misa inaugural del primer Papa estadounidense de la historia.
León, excardenal Robert Prevost de Chicago, inició la audiencia con un recorrido por la plaza en el papamóvil y se detuvo para bendecir a varios bebés. Al dirigir saludos específicos a los diferentes grupos de peregrinos, León habló en su inglés nativo, su español fluido y el italiano tradicional del papado.
“Renuevo mi sincero llamamiento para que se permita la entrada de ayuda humanitaria digna a Gaza y se ponga fin a las hostilidades, cuyo desgarrador precio lo pagan los niños, los ancianos y los enfermos”, afirmó.
La audiencia general de los miércoles es una cita semanal que los papas han celebrado durante décadas para que los fieles comunes tengan un encuentro presencial con el pontífice. En ella, el papa ofrece una breve reflexión sobre un tema o pasaje de las Escrituras, con resúmenes proporcionados por otros en diferentes idiomas, y el papa dirige mensajes específicos a grupos religiosos específicos.
El encuentro, que dura más de una hora, suele concluir con un breve mensaje del papa sobre un tema de actualidad o un evento próximo. León lo inició con su ya frecuente mantra: «La paz sea con vosotros».
Con ese fin, León reafirmó el martes la voluntad del Vaticano de albergar la próxima ronda de conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania durante una llamada telefónica con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, informó la oficina del líder italiano.
Meloni hizo el llamado después de hablar con el presidente estadounidense Donald Trump y otros líderes europeos, quienes le pidieron que verificara la oferta de la Santa Sede.
“Al encontrar en el Santo Padre la confirmación de la voluntad de acoger las próximas conversaciones entre las partes, el primer ministro expresó su profunda gratitud por la disposición del Papa León XIV y su incesante compromiso a favor de la paz”, indicó la oficina de Meloni en un comunicado el martes por la noche.
Trump se había referido a la antigua oferta del Vaticano de albergar conversaciones al informar sobre su llamada telefónica del lunes con el presidente ruso Vladimir Putin.
Si bien podrían celebrarse conversaciones de bajo nivel en Roma, Italia tendría dificultades para permitir que Putin vuele a Roma para cualquier negociación de alto nivel. Putin está sujeto a una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional, de la que Italia es miembro fundador , y por lo tanto está obligado a ejecutarla.
La cobertura religiosa de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.
NICOLE WINFIELD ha estado en el Vaticano desde 2001, cubriendo los papados de San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el pontificado de Francisco y viajando por el mundo con ellos.
BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano presentó el lunes ante el Congreso una nueva solicitud para convocar una consulta popular que busca preguntar a los ciudadanos en las urnas sobre cambios en el sistema laboral y de salud, luego de que el Senado rechazara una primera iniciativa la semana pasada.
“Esa nueva consulta lo que quiere es otra vez que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin hayan las bases para que todo colombiano pueda acceder a la salud, a sus medicinas”, indicó a la prensa el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la presentación de la iniciativa.
La nueva solicitud de consulta popular contiene 16 preguntas —cuatro más que la primera solicitud—, luego de que el gobierno incluyera preguntas sobre el sistema de salud, que Petro también ha intentado reformar sin éxito con una ley en el Congreso.
Según el resultado oficial del Senado, 49 senadores votaron el pasado miércoles en contra de la consulta popular y 47 votos a favor. El gobierno la tildó de fraudulenta, asegurando que fueron incluidos votos por el “No” y evitaron la votación de algunos de sus partidarios que apoyaban la iniciativa, lo cual ha sido negado por la mesa directiva del Senado.
“Es el pueblo el que debe dirimir ese conflicto que hay entre el Congreso y el Ejecutivo”, aseguró Benedetti.
La consulta popular busca preguntar a los ciudadanos si están o no de acuerdo con modificar la jornada laboral, pagar un recargo del 100% en días de descanso dominical o festivo, otorgar permisos a los trabajadores para atender tratamientos médicos y licencias para periodos menstruales incapacitantes, convenir contratos para los trabajadores de plataformas de repartos y eliminar la intermediación laboral.
También incluye puntos medulares de la reforma a la salud que no se ha aprobado en el Congreso como transformar a las Entidades Promotoras de Salud —actualmente encargadas de la administración de la salud — en gestoras de salud, removiendo su papel como intermediarias con los hospitales, así como implementar un “modelo de atención primaria en salud” preventivo, establecer un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud y permitir que el Estado compre o produzca medicamentos.
El Senado deberá volver a someter a votación la propuesta del gobierno y en caso de que su aval sea positivo, el presidente Gustavo Petro podrá convocar a los ciudadanos a las urnas en los tres meses siguientes buscando superar un umbral de más de 13 millones de votos, más de los que tuvo al ser elegido en 2022.
En paralelo, las centrales obreras de Colombia anunciaron una huelga nacional de 48 horas a iniciar el 28 de mayo en apoyo a la consulta popular que impulsa el gobierno.
“Mediante este mecanismo de la huelga, de este paro nacional... vamos a expresar toda la inconformidad creciente contra esa oligarquía en el Senado”, aseguró a la prensa Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
Arias señaló que la huelga busca rechazar el hundimiento de la primera iniciativa de la consulta popular en el Senado —el cual debe dar el aval para que los ciudadanos sean convocados a las urnas— y también apoyar la nueva solicitud de consulta popular que radicará el gobierno.
Las centrales obreras convocaron a la huelga luego de sostener una reunión pública en una universidad de Bogotá en la que intervinieron voceros de sindicatos, movimientos sociales y políticos en lo que denominaron una “cumbre social, política y popular”, que buscaba delinear el plan a seguir tras el rechazo de la consulta popular en el Senado.
Petro convocó a los movimientos sociales y sindicatos a reunirse para reaccionar ante la decisión del Senado y ha llamado a realizar “cabildos” en todo el país.
El Congreso ha hundido dos proyectos de ley para reformar el sistema laboral. Sin embargo, uno de ellos revivió la semana pasada por decisión del Senado, luego de que se apelara su archivo. En adelante, la reforma volverá al tercer debate —donde había quedado su trámite— y tendría que ser aprobada antes del 20 de junio, para evitar un nuevo hundimiento.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Un líder del sindicato más poderoso de Panamá, una fuerza impulsora de semanas de protestas callejeras contra las reformas a la seguridad social, escaló el muro de una embajada y solicitó asilo político a Bolivia el miércoles.
